El lunes, una amigo mio me comentaba la nueva ordenanza municipal de convivencia, que el Ayuntamiento de Getafe ha puesto en marcha. Lo más comentado fue la imposición de multas de 750 euros para los vecinos y vecinas que insulten al Alcalde y Concejales. No voy a valorar lo que me parece esto, pero si que una vez más, algunas normas reguladoras de nuestras administraciones, pueden dejar a los ciudadanos en situaciones de desigualdad, porque cualquiera que reciba insultos o agresiones, se dedique a lo que se dediquen, puede acudir a la via judicial para denunciar estos hechos- Por tanto la pregunta es ¿ quien y con cuánto se sanciona, desde los Ayuntamientos a aquellos regidores que insultan a los ciudadanos y ciudadanas?
Existen Alcaldes, que no solo con palabras, sino con hechos, insultan de forma continuada a sus vecinos a los que se deben. A los que les votaron y a los que no. Existes Alcaldes que se creen que el apoyo recibido cada cuatro años les da un cheque en blanco para realizar lo que quieran incluso cuando en algunos casos se vulneran derechos de forma continuada.
Que multa le podemos ponemos a un Alcalde que, por ejemplo, no convoca plenos ordinarios para que los vecinos puedan expresarse, impidéndoles así el unico cauce de participación que existe en algunos municipios, o cuando no contestan a ninguna solicitud, o peticiones que se les realizan por escrito.
Que multa le ponemos a un Alcalde, que una y otra vez ningunea a determinados colectivos y asociaciones tanto deportivos como de otro tipo, negándoles cualquier ayuda solo por cuestiones partidistas o personales.
Que multa le ponemos a un Alcalde, que NO recibe a sus vecinos derivándolos para que los "despachen" sus Concejales, sin que estos además les resuelvan sus problemas.
Que multa le ponemos a un Alcalde, que retrasa la puesta en marcha de servicios tan básicos y necesarios como un Centro de Día para Discapacitados y que permite que durante muchos años vecinos suyos, con discapacidad física o psiquica, se trasladen día tras día a otros municipios para recibir la atención necesaria, sin que su Ayuntamiento les sufrague ni siquiera los gastos de transporte, mientras se derrocha el dinero publico, con comidas, teléfonos móviles, viajes de dudoso beneficio para el municipio, etc. etc.
En definitiva que multas le ponemos a un Alcalde, que utiliza la institución y su cargo en su beneficio propio y en algunos casos con abuso de poder, mermando derechos fundamentales de aquellos a los que se debe. Es imposible calcular esa cantidad.
