Cuando pronto se decidirá su suspensión como juez y su salida obligada de la Audiencia Nacional, consecuencia de lo que parece la inminente apertura de juicio oral por su intento de abrir una causa penal por los crímenes del franquismo, Baltasar Garzón ha hecho un movimiento que, al menos durante un tiempo, le pone a resguardo de tales amenazas: solicitar la situación de servicios especiales durante siete meses como asesor externo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya (Holanda )
La solicitud de Garzón se produce a invitación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El fiscal de dicho organismo, Luis Moreno Ocampo, ha señalado que el "mundo necesita jueces como Garzón", lo que supone un reconocimiento internacional que contrasta con su cuestionamiento en su propio país por sectores que le persiguen con querellas de endeble fundamento, una de ellas, la motivada por su actuación contra los crímenes del franquismo.
Sería paradójico, y un golpe a la imagen de la justicia española, que Garzón, en su condición de asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, cuya tarea es perseguir los crímenes contra la humanidad en el mundo, se sentara en el banquillo por haber intentado hacer lo mismo en su país. El Supremo tendría serias dificultades para explicarlo.
La solicitud de Garzón se produce a invitación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El fiscal de dicho organismo, Luis Moreno Ocampo, ha señalado que el "mundo necesita jueces como Garzón", lo que supone un reconocimiento internacional que contrasta con su cuestionamiento en su propio país por sectores que le persiguen con querellas de endeble fundamento, una de ellas, la motivada por su actuación contra los crímenes del franquismo.
Sería paradójico, y un golpe a la imagen de la justicia española, que Garzón, en su condición de asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, cuya tarea es perseguir los crímenes contra la humanidad en el mundo, se sentara en el banquillo por haber intentado hacer lo mismo en su país. El Supremo tendría serias dificultades para explicarlo.
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