La gran red asociativa que da cobertura en España a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias está asomándose al abismo por culpa de los impagos. Las residencias donde se atiende a estas personas, así como los centros de día y particularmente los centros especiales de empleo, donde encuentran una ocupación remunerada, llevan largos meses sin recibir las subvenciones públicas estipuladas. "Si esto sigue así, en breve podemos vernos abocados al cierre", alerta Enrique Galván, director de FEAPS, la gran confederación de la discapacidad intelectual.
La situación es desigual por comunidades, pero los datos de la confederación indican que la demora va de ocho meses a un año, en general "y es especialmente preocupante en Andalucía y Baleares". Si se trata de los centros especiales de empleo el retraso en los pagos es aún más dramático, entre ocho y 24 meses en 10 comunidades. Andalucía (de 18 a 24 meses), Madrid (24 meses), Valencia y Baleares (15 meses), Galicia y Murcia (12 meses)...
Estos centros emplean a personas con discapacidad intelectual y reciben por ello subvenciones del 50% que en los últimos años se han elevado temporalmente, en algunas comunidades, hasta un 75% para amortiguar los efectos de la crisis. Andalucía les adeuda más de ocho millones solo en empleo, por ejemplo. La Junta es consciente de ello y lo achaca a problemas administrativos y "a la falta de justificación de pagos" por parte de algunas asociaciones. Aseguran, en todo caso, que la previsión es "pagar cuanto antes", según explican en la consejería de Empleo. FEAPS tiene previsto convocar una rueda de prensa en la sede del Defensor del Pueblo de Andalucía, en Sevilla, donde posiblemente se anuncien movilizaciones.
Pero el problema es generalizado en toda España y quieren que esto sirva de alerta para todos porque estan seguros de que sus problemas son los mismos que se están encontrando las asociaciones que atienden a otro tipo de discapacidades.
En tiempos de bonanza, las entidades de la discapacidad intelectual han ido sorteando el temporal y buscando dinero de otras fuentes, obra social de las cajas, créditos en los bancos o conciertos benéficos, por ejemplo. Pero la crisis ha mermado esas vías de ingreso así que la situación es particularmente penosa. Albasur, en Córdoba, es una de esas empresas de empleo especial que emplea a discapacitados intelectuales en tareas de viveros, jardinería, limpieza. Dicen que este mes van a pagar las nóminas, pero el gerente y otros trabajadores, como cuidadores, psicólogos, no cobrarar, pagarán esas nóminas gracias a las aportaciones de las familias, créditos en el banco y algún concierto benéfico.
No piden ni siquiera aumento del presupuesto, que por otro lado sería lógico, tratándose de este colectivo, sino que se haga efectivo el cobro comprometido. Si siguen así en 2010, calculan que entre 10.000 y 12.000 personas con este tipo de discapacidad pueden verse gravemente afectadas.
Ayer mismo, el gobierno catalán anuncio, que retrasará pagos a los prestadores de servicios sociales como residencias de ancianos, centros de día ,etc, que se suma a los cierres realizados este verano de varios centros de salud.
Cuando nuestro representantes póliticos hablan de lo necesario que es en estos momentos de dificil situacion económica de que todos aportemos y de realizar un esfuerzo común, se olvidan del suyo, y es que aún en este situación, hay cuestiones como estas que son prioritarias. No podemos, ni debemos consentir, que mientras se siguen derrochando dinero en otras cuestiones de dudoso beneficio, colectivos como el de discapacitados, mayores, etc, y atenciones de primera necesidad estén en esta situación, y que no se les caiga la cara de vergüenza.
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